El derecho a la movilidad frente al derecho a la salud

A estas alturas no se nos oculta la relación existente entre contaminación y salud. Algunos estudios afirman que la contaminación provoca más enfermedades respiratorias que el tabaco. Si esto es así, ¿Por qué no se abre un debate en la sociedad sobre el tema?

Como siempre, por dinero. Serían muchos los sectores afectados.

Sin embargo, para el que le toca un cáncer de pulmón o una insuficiencia respiratoria que le obliga a depender de una máquina que le ayude a respirar sin haber fumado un cigarro en su vida, el dilema no existe y su pregunta no es porque no se abre un debate sobre qué es primero si el derecho a la movilidad de los ciudadanos o su derecho a la salud. Su pregunta es porque huevos no se hizo ni se está haciendo nada al respecto

Hay multitud de matices. Primero oiremos que no hay una relación causa-efecto entre contaminación y enfermedad pues no todos los habitantes que viven en el mismo entorno enferman de la misma manera. Incluso los hay que no enferman.

Ese mismo argumento se usó durante décadas para el tabaco hasta que las evidencias eran tan apabullantes que no pudieron por menos que aceptarlas.

Dicen que los forenses son capaces de distinguir si una persona ha vivido en una zona rural o una zona urbana por el color de sus pulmones, mientras unos son rosados otros tienen un color parduzco. Si esto es verdad, alguna consecuencia debe tener sobre la salud.

Además, recientemente, apoyando estos argumentos, he leído un artículo en Expansion en el que dice que el impacto de la contaminación sobre la esperanza de vida puede ser de 10 años en vez de 1-2 como se pensaba. Seguramente, la verdad es que todavía desconocemos el impacto real, pero en cualquier caso es bastante mayor del que pensamos.

Si aceptamos la influencia de la contaminación en la salud, deberíamos analizar cuáles son los factores contaminantes ciudad por ciudad y actuar sobre cada uno de ellos. Si llegamos a la conclusión de que uno de los mayores contaminantes son los coches/autobuses, habrá que debatir sobre cuál es el derecho que tiene preponderancia si el derecho a la movilidad o el derecho a la salud. Idealmente se tendrán que hacer compatibles.

Si hay que elegir, entre el derecho a la salud y el de la movilidad, yo lo tengo claro, me quedo con el primero. Sin embargo, si se prohíbe el acceso al centro de las ciudades a los vehículos más contaminantes, se verán perjudicados los de siempre: aquellos con menores recursos que no pueden modernizar sus coches. Son las administraciones las que deben fomentar la sustitución de vehículos evitando que el colectivo más débil sea el más perjudicado.

Personalmente, creo que no es necesario priorizar un derecho sobre otro y que se pueden hacer compatibles ambos. Sobre todo, si se comienza a actuar ya, de una forma decidida.

Es más un tema de voluntad política que de dinero. Algunos ejemplos:

1. Madrid dispone ya de algunos autobuses eléctricos. ¿por qué no acelerar la sustitución de la flota de la EMT? Si Madrid se pudo endeudar para ese soterramiento faraónico de la M-30 (es cierto que eran otros tiempos), ¿no se podrá endeudar en mucha menor medida para comprar autobuses eléctricos, que tienen un impacto positivo directo desde el minuto cero (menor contaminación, menor ruido, menores costes de mantenimiento, mayor salud, menores gastos de sanidad...)? 

2. Hay empresas de autobuses urbanos que han comenzado a sustituir sus flotas por híbridos, mucho menos ruidosos y contaminantes, mientras que otras exprimen al máximo sus flotas conservando los autobuses más viejos. Los ayuntamientos deberían exigir autobuses silenciosos y poco contaminantes para la renovación de las concesiones municipales, eligiendo por tanto aquellas empresas que están haciendo mayores esfuerzos en la modernización de sus flotas. 

3. Forzar la estandarización (si no lo está ya) del cargador eléctrico (conexión física o por inducción – si la implantación masiva lo permite -, temas de tarificación, seguridad, fraude, …) y fomentar su instalación en lugares públicos. 

4. Fomentar el uso del vehículo eléctrico comenzando por el parque perteneciente a las administraciones públicas y que sean de emisiones cero todos los coches nuevos comprados por ellas. La diferencia de inversión se amortiza rápidamente por los menores costes de mantenimiento 

5. Legislar para que los cargadores en garajes colectivos no paguen como si de un contrato eléctrico normal se tratara, es decir pago por consumo real, sin cuotas mínimas. 

6. …

Pero hay más ventajas en el uso de los coches híbridos y eléctricos: son más apropiados para la conducción en las ciudades actuales (con velocidades medias de circulación próximas a una persona caminando), pues la ausencia de cambio de marchas y de ruidos disminuye el estrés del conductor (a menor estrés, mayor salud, menor probabilidad de accidente, menor gasto sanitario, menores costes por accidentes...)

Estaría bien si nuestros políticos (los muchos que tenemos, estatales, autonómicos, municipales) se dedicaran a estas nimiedades que afectan a la vida y la muerte de las personas en vez de ocuparse de sus riñas habituales. Claro, que es fácil de entender: para lo primero hay que currar y para lo segundo, basta con levantarse de la cama y abrir la boca.

En conclusión, por las razones expuestas y muchas más, omitidas, necesitamos que las administraciones públicas muestren un apoyo decidido, intenso y urgente al vehículo no contaminante.

Es el momento, la tecnología lo permite.


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