Errores médicos

De vez en cuando oímos historias de hospital que incluyen errores médicos que pondrían los pelos de punta a los espectadores de Cuarto Milenio, acostumbrados, como estamos, a historias considerablemente menos espeluznantes.

Y es que en ocasiones confluyen confusiones en serie debido a múltiples razones.
Se me ocurren algunas: un estrés difícil de soportar por turnos interminables para médicos y enfermeras (permítaseme usar las acepciones más extendidas sin presuponer ninguna intención de género, que no la hay), preparación no adecuada del personal sanitario (o número insuficiente de los mismos), carencia de medios, etc.

Muchos de estos errores conducen a unas molestias graves, con secuelas temporales o permanentes y en el peor de los casos a la muerte del paciente.
Sin contar con el coste vital de pacientes y familiares, evidentemente inconmensurable, sí podríamos medir el coste económico de los mismos (que seguramente sería altísimo) si existieran estadísticas, pero mucho me temo que el colectivo médico no sea muy transparente en este sentido y solo puedan medirse las detectadas a través de denuncias de los pacientes, que probablemente sean el pico del iceberg.

Muchas de las complicaciones hospitalarias (nunca sabremos cuantas) se deben a errores durante la intervención quirúrgica o a los cuidados del posoperatorio.

Evidentemente toda actividad humana está sujeta a errores y la medicina no puede sustraerse a ellos, pero puesto que las consecuencias de esta actividad en concreto, tiene tan graves consecuencias sobre el paciente, deben extremarse las medidas preventivas.

Mi opinión es que no se ha avanzado suficientemente en este sentido y aunque España tiene un sistema de sanidad pública que es la envidia del mundo (cómo serán los otros), aún tiene mucho que mejorar.

Algunos de los pasos que se han dado a este respecto van, a mi juicio, en la dirección equivocada.  Me refiero muy concretamente a utilizar hospitales privados para dar el servicio público de salud.

Esto abre el debate de gestión privada en servicios públicos. Voy a intentar reflexionar sobre este tema, tratando de desposeerlo de las connotaciones emotivas asociadas a los distintos signos políticos.

En primer lugar, supongamos un servicio público cuyo coste es 100 millones de euros.

El argumento de determinados partidos es que si privatizamos ese servicio, el coste del mismo se bajará a 90 millones, por ejemplo, sin afectar a la calidad del mismo.

Analicemos esta afirmación. Supongamos que es rigurosamente cierta. Eso querría decir que el servicio se puede prestar por 80 millones, pues todos sabemos que el empresario no se despeinaría por menos de un 10% de beneficio.

¿Qué es lo que estaría aportando el empresario en este negocio?  Su experiencia de gestión.
En realidad, no la suya si no la de una serie de personas muy preparadas que habrían conseguido ahorrar costes sin empeorar las condiciones del servicio.

Sigamos suponiendo que esto es cierto.

Si los políticos estuvieran realmente preocupados por mejorar las arcas públicas, mantendrían el servicio público en manos públicas y colocarían a esos buenos gestores (y no a sus cuñados) dirigiéndolo, con lo cual la casi totalidad del ahorro (20 millones de euros, en nuestro ejemplo) habría pasado al estado en lugar de quedarse 10 millones el empresario.

Lamentablemente, creo que aún así, la hipótesis de la que hemos partido, no sea cierta, y el servicio pase a manos privadas bajando su coste de 100 a 90, pero bajando la calidad del mismo.
Esto es así porque mientras que el coste se puede medir fácilmente, la calidad es difícilmente mensurable.

Por tanto, el empresario baja el coste a 80 millones para él llevarse 10 a costa de bajar los salarios y subir el número de horas que trabajan sus empleados, así como ahorrar en los materiales y medios a emplear.
Esta suele ser su magnífica gestión.

Y ahí es donde quería llegar. En un hospital, reducir los costes de esa manera puede ser dramático, pues los profesionales están sometidos a una tensión que les aumenta la probabilidad de error.

Hay una segunda derivada en esta reducción de costes sin cabeza: Se contrata a los profesionales con menos experiencia que son los que están dispuestos a trabajar más por menos. De nuevo esta práctica puede traer nefastas consecuencias para los pacientes.

Con estos simples razonamientos, se podría concluir que los servicios públicos deberían quedar en manos públicas. Especialmente aquellos cuyos beneficios son intangibles y difícilmente cuantificables.

¿Se puede reducir los costes a la vez que se mejoran?

Naturalmente, poniendo como responsables de los mismos a personas honestas y capacitadas en lugar de poner a los cuñados (se puede poner a los cuñados pero sólo si son honestos y capacitados)

Si aun así, un político insiste en privatizar un servicio público por razones confesables que se nos ocultan al resto (de las inconfesables no hablamos), se deberían cumplir, a mi juicio, las siguientes condiciones:

a) Que el coste del servicio privatizado sea inferior al del servicio sin privatizar

b) Que los empleados que prestan el servicio, tengan la misma o mayor capacitación, el mismo o superior sueldo y trabajen las mismas o menos horas que el funcionario equivalente (extensivo a todas las subcontratas que se usen)

c) Que la calidad del servicio prestado (medido con parámetros objetivos) sea igual o superior al del servicio sin privatizar

Si un empresario es capaz de cumplir todas esas condiciones, justo es que se lleve su ganancia.

En caso contrario, mérito no tiene, porque para ganar dinero explotando a los trabajadores o reduciendo la calidad del servicio (es decir engañando al usuario), no hace falta ser muy listo, sino simplemente menguado de escrúpulos.