Sanidad pública o privada (II)
Tal y como sospechaba, el post de la semana pasada suscitó cierto interés y he recibido comentarios constructivos (como los que defendemos siempre desde este blog). Intentaré incluirlos en el de esta semana.
Sosteníamos que más importante que la titularidad del servicio público, en nuestro caso la sanidad, era la honestidad del político encargado, porque los deshonestos de un lado preferirán la empresa pública para colocar en ella a sus allegados, aún sin la competencia necesaria, pero con unos sueldazos que los demás no podemos soñar, y los deshonestos del otro lado preferirán adjudicar el servicio a una empresa privada de algún allegado con unos beneficios que ningún empresario pueda soñar.
La deshonestidad de ambos lados, llevada al extremo, conducirá a la constitución de empresas públicas sin contenido para dar puestos de dirección a los colegas o a la adjudicación de contratos innecesarios a empresas privadas creadas ex profeso para beneficiar a colegas empresarios.
En cambio el político honesto usará la titularidad del servicio público como una herramienta más para defender los intereses de a sus administrados.
La semana pasada usaba el ejemplo de un hospital. Tal vez se vea mejor en el caso de la recogida de basuras.
Un pueblo pequeño podría optar por comprarse un camión de recogida de basuras, comprar contenedores, construir un vertedero, contratar a X personas para gestionarlo o … adjudicar el servicio a una empresa privada. La primera opción es prohibitiva para un pueblo pequeño, y cualquier alcalde, independientemente de su ideología política, se inclinaría por la segunda.
El problema viene aquí cuando la empresa es seleccionada, no por sus méritos, sino por la calidad del reloj o lo lejos que es el viaje que regalan al alcalde.
Establecido, pues, el requisito de honestidad a los políticos de todo signo, vayamos con los siguientes puntos importantes en un servicio público: coste y calidad.
Con el coste nos encontramos un difícil dilema, porque dependiendo quien encargue el informe encontraremos un resultado u otro. Si el que encarga el informe es defensor de la titularidad privada, se le olvidará incluir ciertos costes de esa solución e incluirá hasta el aire que se respira en la pública y viceversa.
Ojalá existiera un organismo independiente que evaluara los costes de los servicios públicos, así se podría comparar costes de los mismos servicios en distintas administraciones (benchmark que dicen los ingleses). Claro, que si lo hubiera, siempre podría comprarse al funcionario adecuado para inclinar la balanza en un sentido o en otro.
Eso me recuerda a las empresas que contratan a una consultora para que les diga lo que quieren oír. La consultora realiza su informe y la conclusión habitual es, oh sorpresa, que los empleados ganan mucho y los directivos poco (no se nota ná quien paga el informe).
Difícil solución tiene eso de comparar costes, aunque la solución buena vuelve a requerir honestidad para hacer un cálculo de costes que refleje la realidad.
Ahora vayamos con la calidad, que añade un grado más de complejidad. No podemos comparar costes si no estamos seguros que estamos hablando de lo mismo. Una sanidad puede ser mucho más barata que otra pero si los pacientes son atendidos tarde y mal por personal sanitario no suficientemente preparado y mal pagado, con instrumental médico cutre y dan mierda para comer a los pacientes, bastante pintamos.
Es necesario establecer unos parámetros de calidad medibles. Los anglosajones, que como sabemos tienen una orientación clara hacia los negocios, tienen una terminología para esto: lo llaman Key Performance Indicators (KPI). No sé si existe algo equivalente en español. Lo podríamos traducir como Indicadores Clave de Eficiencia. En definitiva, se trataría de incluir en los contratos de sanidad, ya sea con una empresa pública o privada, unos parámetros de calidad y unas penalizaciones en caso de no cumplirse. Eso se llama hacer un contrato decente (en el colmo de mi ingenuidad espero que eso realmente ya se esté haciendo, lo que pasa es que o no se hace bien, o se aplica mal)
Por ejemplo, en el propio contrato se establecería la ratio de médicos por paciente, la titulación mínima y experiencia del personal sanitario, el porcentaje máximo de personal en prácticas, etc.
El contrato también habria de especificar, por ejemplo, que las habitaciones de los pacientes tendrán una temperatura y humedad entre X e Y, las camas tendrán estos requisitos mínimos, las medicinas cumplirán esto, la comida tendrá una calidad medida como fruta: diámetro mínimo, frescura. Carne de vacuno de procedencia x, de cerdo con calidad z.
Dentro de esos indicadores KPI debería incluirse también unas condiciones salariales mínimas para los sanitarios y un número de horas máximas, porque una administración pública no puede tolerar que alguien gane pasta (procedente del erario público) a costa de la explotación de los empleados.
No soy un experto en cada tema, pero seguro que tenemos funcionarios con mucho más conocimientos que yo, que serían capaces de establecer esos indicadores de calidad medibles.
Una vez establecidos esos KPI, alguien debería vigilarlos periódicamente. Y si no se cumplen, aplicar el contrato con las sanciones que conlleve (retención de parte de la factura en caso de empresa privada o sustitución de los gestores o disminución/supresión de su incentivo en caso de empresa pública).
Tras dos post en los que se ha hecho un análisis bastante superficial sobre el dilema sanidad pública/privada, espero haber demostrado al menos que, preferencias aparte de cada uno, el tema es bastante más complejo de lo que puede parecer y no puede simplificarse con una sola palabra.
Ni basta con decir sanidad pública ni su contrario, es decir, privatizar por privatizar como hacen algunas administraciones autonómicas. Las motivaciones deberían ser transparentes y justificadas.
Como siempre la solución suele estar en el término medio, que en este caso (como en todos los relacionados con la gestión de lo público), consiste en la búsqueda del máximo beneficio para el ciudadano y no para el administrador, como desgraciadamente suele ocurrir con demasiada frecuencia.
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